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Genaro García Luna… 3 contratos clave que muestran su trama de corrupción

Uno de los contratos fue asignado a la empresa Nunvav, vinculada al exsecretario de Seguridad, del cual obtuvo 88 millones de dólares.

Este jueves una Corte de Miami, Estados Unidos, sentenció al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

De acuerdo con el fallo de la jueza Lisa Walsh, García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa debe pagar mil 740 millones de dólares, al considerarse que ella fue una pieza clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de activos.

El caso tiene su raíz en México, ya que García Luna fue demandado por el Estado mexicano por el desfalco de más de 740 millones de dólares del erario público.

Una trama de corrupción que inició durante el sexenio de Vicente Fox, que se consolidó en el “calderonato”, y que les redituó millonarias ganancias durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres contratos adjudicados a García Luna

Dentro de estos desfalcos millonarios destacan tres contratos adjudicados a empresas vinculadas a Genaro García Luna:

Entre los contratos adjudicados a las empresas de Genaro García Luna destaca, por ejemplo, uno para “la adquisión y puesta en servicio de un sistema de seguridad perimetral externa para los penales del Altiplano, Occidente, Oriente y Norte”.

Este contrato tiene fecha de 2016 y fue asignado a la empresa Nunvav, vinculada al exsecretario de Seguridad y que obtuvo 88 millones de dólares.

Otras empresas vinculadas a García Luna firmaron al menos nueve contratos con el desaparecido Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, con los que entre 2013 y 2015 obtuvieron ingresos por más de 220 millones de dólares.

Una asignación más fue por el concepto de “adquisión y configuración de comunicación”, donde el Gobierno de México pagó 170 millones de dólares.

Otro contrato fue asignado por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social que en 2015 pagó a Nunvav 42 millones de dólares supuestamente para la “adquisión de equipamiento técnico integral para seguridad”.

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